De Opinión, Panóptico

Redes sociales y políticas públicas

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Estamos en pleno tránsito hacia la ciudadanía 3.0, los mexicanos nos hemos convertido en prosumidores por lo que producimos y consumimos información que nos ayuda a tomar decisiones sobre asuntos de la vida pública. En este pleno tránsito, se insertan cuestionamientos sobre las redes sociales como moderadores de la conducta de las personas, particularmente después de la polémica que ha desatado en la Ciudad de México la delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, al compartir a través de Periscope a presuntos infractores cuando están cometiendo la falta administrativa.

Esta práctica de videovigilancia se está presentando como una opción, ante la falta de recursos (humanos y/o materiales) para aplicar las sanciones a quienes tiran la basura en lugares prohibidos, se estacionan en doble fila o no recogen las heces de sus perros cuando los sacan a pasear a las calles de la Ciudad de México.

Sin duda, la iniciativa es innovadora y tal vez puede apaliar ciertos comportamientos por parte de los habitantes de la Miguel Hidalgo; sin embargo, también es válido el cuestionamiento sobre la invasión a la privacidad y sobretodo, si la práctica es violatoria de derechos humanos por provocar el escarnio público de las personas.

Las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser un gran aliado para los gobiernos, mismos que ante la creciente demanda de servicios pueden encontrar oxígeno en estas vías para atender de formas más expedita las solicitudes, denuncias o quejas que presente la población.

Más aún, las redes sociales pueden aumentar la sensación de cercanía entre los ciudadanos y el gobierno, pero existe un peligro latente de que las instancias gubernamentales victimicen a los infractores a través de la exhibición masiva, es decir, aunque los ciudadanos están cometiendo una falta o delito y son captados infraganti, el estado debe garantizar el derecho de audiencia para que el presunto infractor presente sus argumentos.

Por lo anterior, es necesario que cuando las instancias públicas generen estrategias de comunicación virtuales estén conscientes que las cuentas en redes sociales e incluso el portal gubernamental son extensiones de la administración, por lo que deberán seguir las normas mínimas a las que se encuentra sujeta cualquier dependencia, ello implica fomentar la cultura cívica, el respeto y la tolerancia.

Sin duda, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sentará precedente con el Protocolo para el uso de Periscope que probablemente estará listo antes del 15 de marzo, veremos cuáles son las propuestas para normar el comportamiento de las instituciones públicas y por tanto, de sus funcionarios; no así de las redes sociales.

Apunte: Prudente sería también discutir el uso de cuentas “oficiales” por las dependencias en otras redes, ya que hasta el momento la mayoría las usa sin tener estrategias claras que respondan mínimamente a las preguntas ¿por qué? y ¿para qué?

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Publicado en Radiomejor

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