La redacción

En el límite

Las redes sociales parecen una excelente oportunidad para promocionar un producto, servicio o incluso a una persona derivado de sus bajos costos y el amplio alcance que pueden tener; sin embargo, como en toda práctica existen límites mínimos que deben ser observados.

En el caso particular del uso de las redes sociales para la propaganda gubernamental nace un fenómeno bastante curioso y que por supuesto, aún no se encuentra normado en México.

En primer lugar, tendríamos que hablar acerca de la persona o la institución, es decir, el político que se encuentra al frente de una responsabilidad pública como el presidente de la República, el gobernador, los presidentes municipales, los diputados y regidores, quienes fueron electos por la ciudadanía para ejercer un cargo por un periodo determinado de tiempo y con funciones específicas.

Por otra parte, tenemos a las instituciones que son entes de carácter público que fueron creados para resolver un asunto que requería atención gubernamental y que tienen su ámbito de competencia desde el nivel federal hasta el municipal.

Estos dos elementos, pueden ser vistos desde dos ópticas muy distintas e incluso opuestas. De un extremo tenemos la visión donde el político y la institución van de la mano y son prácticamente “la misma cosa”; del otro, dos entes distintos que conviven en la esfera pública y que interactúan de manera constante.

Si lo viéramos en términos de cuentas en redes sociales, digamos que uno sería la cuenta personal (@soytupróximocandidato) y la otra, una institucional que representa a la dependencia (@lasecretaría).

Ahora bien, en México con la finalidad de garantizar que exista “piso parejo” en la competencia electoral, desde el 2007 (con la reforma al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) se han normado las actividades de difusión que realizan las instituciones públicas, para con ello evitar la promoción personalizada o el uso de recursos públicos para beneficio personal.

A partir de ese momento, las reglas para realizar actividades de comunicación gubernamental se volvieron “más estrictas” para los políticos en cargos públicos y también para sus equipos encargados de la materia, ya que de lo contrario podrían ser sujetos a algunas sanciones, especialmente en los tiempos de campaña electoral.

Desde allí, se han buscado penalizaciones para funcionarios e incluso candidatos por un mal uso de la imagen, la voz o el nombre en propaganda oficial; en este sentido, la falta de reglamentación secundaria en la materia ha promovido que los esquemas de comunicación se desarrollen bajo los recovecos de la ley.

La idea de la institucionalidad ha sigo trasgredida y se han generado estrategias que escapan a la sanción y además, replican de manera asombrosa el modelo de comunicación que se utiliza en los medios masivos tradicionales donde la persuasión de la audiencia sigue siendo el objetivo.

Más allá de que se infrinja la ley por la utilización de recursos públicos para la promoción personalizada de un político, queda también la interrogante sobre el impacto real que tienen estos mensajes en el público que los recibe.

La reflexión está en el aire porque incluso los estrategas más avezados en materia de comunicación conocen que no todos los mensajes son para todos los medios (o canales) y en lugar de crear una cercanía con la figura política se podría generar resistencia ante la figura que se está tratando de posicionar.

Apunte El derecho a la información en México está garantizado desde la década del setenta ¿Cuándo se hará válido en su totalidad?

@panopticomx

osirisglezgalvan@gmail.com

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